G.SKILL ha comenzado a pagar las indemnizaciones correspondientes a una demanda colectiva en Estados Unidos por la forma en la que anunciaba las velocidades de su memoria RAM DDR4 y DDR5. El fabricante alcanzó un acuerdo de 2,4 millones de dólares para cerrar el litigio, en el cual se acusaba a la compañía de presentar determinadas velocidades de memoria como si fueran alcanzables directamente al instalar los módulos. La realidad era que el usuario necesitaba modificar parámetros en la BIOS y, en muchos casos, activar perfiles de overclocking como Intel XMP o AMD EXPO. G.SKILL no ha admitido haber actuado incorrectamente y el acuerdo tampoco supone un reconocimiento de responsabilidad.
Tras varios meses de tira y afloja, los primeros compradores comenzaron a recibir la indemnización esta semana, y las cantidades dejan bastante claro cómo ha terminado repartiéndose el fondo. Numerosos usuarios están informando de pagos equivalentes a aproximadamente 4,92 dólares por cada kit de memoria comprado. Así que bueno, ninguno saldrá de pobre.
Anunciar como velocidad nativa algo que sólo se conseguía modificando parámetros en la BIOS
La demanda cubre a compradores estadounidenses que adquirieron memorias RAM de G.SKILL entre el 31 de enero de 2018 y el 7 de enero de 2026 . En concreto, en DDR4, esta demanda cubre a todos los que compraron RAM por encima de los 2.133 MHz. En DDR5, por encima de 4.800 MHz. Básicamente, a todos, ya que son las velocidades mínimas de estos kits. Únicamente quedaron excluidos los módulos SO-DIMM para portátiles. Según los demandantes, el problema no era que las memorias fueran incapaces de alcanzar las frecuencias especificadas, sino que el comprador podía interpretar que esos valores representaban el funcionamiento normal del producto nada más instalarlo.
La demanda defiende que comprar un kit DDR5 a 6.000 MT/s no significa necesariamente que la placa base haga funcionar a la memoria a dicha velocidad. Para ello, normalmente, hay que entrar en la BIOS y activar el correspondiente perfil Intel XMP o AMD EXPO, que modifica frecuencia, timings y voltajes para aplicar el perfil que el fabricante ha validado para ese kit de memoria. La compatibilidad final también depende del procesador, de su controlador de memoria, de la placa base y de su BIOS.
Precisamente por ello, una de las condiciones más importantes del acuerdo no es económica. G.SKILL se comprometió a realizar cambios razonables en cajas, páginas de producto y especificaciones proporcionadas a distribuidores. Las frecuencias deberán presentarse como velocidades de “hasta” determinado valor y acompañarse de una advertencia explicando que para conseguirlas pueden ser necesarios ajustes de BIOS u overclocking y que el rendimiento máximo depende de componentes como la CPU y la placa base. En otras palabras, un kit DDR5-6000 podrá seguir vendiéndose como DDR5-6000, pero deberá quedar más claro que esos 6.000 MT/s no son necesariamente la configuración automática con la que arrancará cualquier PC.
De los 2,4 millones de dólares de la demanda a G.SKILL, los compradores reciben apenas 4,92 dólares por cada kit comprado
El acuerdo establecía un fondo total de 2,4 millones de dólares, pero esta cifra no estaba destinada íntegramente a los consumidores. La documentación judicial estimaba unos 800.000 dólares en honorarios de abogados. Además de unos 125.000 dólares en otros gastos legales, 295.000 dólares en administración y notificaciones, y hasta 5.000 dólares para cada uno de los dos representantes principales de la demanda.
Se calculaba inicialmente que alrededor de 1,17 millones de dólares acabarían disponibles para compensar directamente a los compradores. Es decir, que aquí ganaron principalmente los abogados, quienes presentaron inicialmente la demanda se llevaron un pellizquito y el resto, las sobras. A ello se le suma que al menos unas 6,5 millones de compras cumplían los requisitos, aunque los abogados esperaban que únicamente alrededor de un 2-3 % de los afectados presentara finalmente una reclamación.
Por otro lado, el importe individual nunca quedó fijado previamente. El acuerdo establecía que el dinero restante se repartiría proporcionalmente según el número de reclamaciones válidas y de productos declarados. Se permitía reclamar hasta cinco kits de memoria reclamados por vivienda sin necesidad de presentar factura, mientras que para superar esa cantidad el administrador podía solicitar pruebas de compra.
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