Una marcada disparidad normativa y arquitectónica sitúa a Estados Unidos con un parque de ascensores inferior al de España, a pesar de contar con una población que multiplica por siete a la española. Mientras que en el territorio europeo el uso de estos elevadores es generalizado incluso en inmuebles de altura moderada, miles de construcciones residenciales estadounidenses de poca elevación dependen exclusivamente de las escaleras debido a exigencias técnicas históricas que encarecen y sobredimensionan las cabinas.
El origen de esta situación radica en normativas que han priorizado dimensiones capaces de albergar una camilla médica durante emergencias o de facilitar maniobras complejas de accesibilidad. Este estándar técnico obliga a realizar obras de mayor envergadura, ocupar mayor superficie útil y asumir un coste económico que multiplica varias veces el de los modelos habituales en otras regiones del mundo.
Este sobrecoste ha condicionado profundamente el desarrollo urbano y el diseño de las ciudades estadounidenses. En solares donde el modelo europeo propiciaría el levantamiento de bloques residenciales compactos dotados de elevador, las promociones inmobiliarias en Estados Unidos optan frecuentemente por prescindir de esta instalación o se decantan de forma directa por viviendas unifamiliares, desincentivando la edificación en altura media.
Ante este panorama, el debate sobre la modificación de las reglas se ha abierto camino en diversos estados del país norteamericano. El estado de Maine ya ha flexibilizado determinados requisitos técnicos, Washington autoriza elevadores de menores dimensiones en inmuebles específicos y Nueva York analiza facilitar su integración en construcciones antiguas.
Los partidarios de estas modificaciones argumentan que la adopción de normativas similares a las europeas permitiría abaratar los costes de instalación y elevar sustancialmente el volumen de edificios accesibles. Por el contrario, la industria del sector muestra reticencias ante el temor de que alterar los estándares vigentes comprometa la seguridad o distorsione el marco normativo de la construcción.
La controversia también genera división en el seno de las asociaciones de personas con discapacidad. Un sector defiende que la presencia de elevadores más compactos incrementaría de forma exponencial el acceso a la vivienda, mientras que otro grupo advierte que determinadas sillas de ruedas, la presencia de acompañantes o los protocolos de emergencia exigen cabinas espaciosas para no mermar la funcionalidad destinada a quienes más precisan de estos servicios.
Los defensores de la reforma matizan que el objetivo no consiste en reemplazar los ascensores de gran tamaño existentes, sino en posibilitar la colocación de alternativas más reducidas en aquellos emplazamientos donde actualmente resulta imposible instalar ninguno. Bajo esta premisa, la implementación de modelos compactos podría transformar de manera notable el mercado inmobiliario y potenciar el desarrollo de promociones residenciales que hoy en día carecen de rentabilidad económica.
