El gobierno de Estados Unidos estudia una nueva estrategia para cobrar multas migratorias a personas que ya fueron deportadas o abandonaron el país. De acuerdo con documentos revisados por WIRED, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pretende contratar empresas privadas especializadas en localizar a estos migrantes en sus países de origen para exigirles el pago de las sanciones económicas pendientes.
La iniciativa contempla operaciones en países como México, Guatemala y Honduras, aunque la cobertura podría ampliarse a otras naciones. El proyecto, denominado “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos”, tendría un presupuesto máximo de 9 millones de dólares durante los próximos dos años.
Según la documentación conocida hasta ahora, los contratistas deberán confirmar el domicilio actual de las personas mediante distintos métodos de verificación. Entre las pruebas aceptadas figuran fotografías de la vivienda, recibos de servicios públicos, registros laborales, expedientes judiciales e incluso certificados de defunción cuando corresponda. También podrán presentar cualquier otro documento que las autoridades estadounidenses consideren “relevante y confiable”.
Una vez identificada la persona, los investigadores privados deberán entregarle un aviso oficial, redactado en inglés y español, donde se detallarán las multas que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, siguen pendientes de pago.
La propuesta forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración estadounidense. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional informó que había impuesto más de 84 mil millones de dólares en multas a inmigrantes acusados de permanecer en el país pese a contar con órdenes para abandonarlo. Estas sanciones se basan en una disposición de la legislación migratoria de 1996 que permaneció prácticamente sin utilizar durante décadas y que fue retomada durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
Las multas pueden alcanzar 998 dólares por cada día que una persona permanezca en territorio estadounidense tras recibir una orden de salida, acumulándose durante un periodo de hasta cinco años. En algunos casos, los adeudos individuales han llegado a superar 1.8 millones de dólares, cifras que organizaciones defensoras de migrantes consideran desproporcionadas.
Diversos abogados especializados en inmigración también han advertido que algunas agencias privadas de cobranza podrían añadir costos administrativos que incrementen todavía más las cantidades reclamadas. Además, reportes de organizaciones civiles indican que estas sanciones ya han provocado embargos de devoluciones de impuestos, retenciones salariales y afectaciones al historial crediticio de numerosos inmigrantes.
La propuesta ha generado fuertes cuestionamientos entre legisladores y defensores de los derechos humanos. Senadores estadounidenses solicitaron recientemente al Departamento de Justicia y al DHS información detallada sobre la aplicación de estas multas, incluyendo cuántas personas con procesos migratorios aún pendientes, estatus legal o incluso víctimas de violencia doméstica han recibido sanciones económicas. También pidieron transparentar cuántos casos fueron enviados a empresas privadas de cobranza.
Aunque el programa todavía se encuentra en fase de contratación y no ha comenzado a operar, especialistas consideran que, de concretarse, representaría una expansión sin precedentes del alcance de las políticas migratorias estadounidenses, al intentar cobrar deudas gubernamentales incluso después de que los migrantes hayan regresado a sus países de origen.
Fuentes: WIRED, documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y reportes de organizaciones de asistencia legal para inmigrantes.
