El estado de Florida ha abierto uno de los frentes legales más importantes hasta la fecha contra OpenAI y Sam Altman. La Fiscalía General de Florida presentó una demanda de 83 páginas ante un tribunal estatal con diez cargos, una petición de juicio con jurado y la pretensión de que la distribución de ChatGPT en Florida pueda llegar a ser declarada oficialmente un “perjuicio público”.
Entre otras cosas, en la demanda se recoge también que se acusa a OpenAI de comercializar agresivamente ChatGPT mientras que, supuestamente, ocultaba riesgos relacionados con menores, autolesiones, violencia, privacidad y dependencia del chatbot. OpenAI consiguió trasladar provisionalmente el procedimiento a un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, mientras que el Estado reclama que vuelva a la jurisdicción estatal. La compañía no está intentando eliminar directamente cualquier juicio con jurado, sino mantener el litigio en el ámbito federal, algo que puede cambiar de forma importante cómo se interpretan las acusaciones y qué tribunal acaba resolviendo el caso.
OpenAI utiliza la protección de datos de menores para forzar que el caso permanezca en un tribunal federal
La estrategia de OpenAI es bastante sencilla. Sam Altman quiere que el caso permanezca en un tribunal federal y no vuelva a la justicia estatal de Florida. Para conseguirlo se agarra a uno de los diez cargos de la demanda, relacionado con la recopilación de datos de menores de 13 años. Florida acusa a OpenAI de incumplir las protecciones que establece COPPA, una ley federal estadounidense destinada a proteger la privacidad de los niños en Internet.
Aquí está la clave. Florida ha formulado esa acusación utilizando su propia ley estatal de protección al consumidor, pero OpenAI argumenta que para decidir si realmente cometió una infracción el tribunal tendrá que interpretar y aplicar COPPA. Es decir, aunque Florida haya redactado la demanda como un asunto estatal, OpenAI sostiene que una parte importante del caso depende directamente de una ley federal y que, por tanto, debería juzgarse ante la justicia federal.
El cambio no es menor. Mantener el procedimiento en un tribunal federal permitiría a OpenAI alejar el caso del tribunal estatal y del juicio con jurado solicitado originalmente por Florida. Además consigue trasladar la disputa a un terreno procesal que considera más favorable. Florida responde que COPPA solo sirve como referencia para demostrar una práctica comercial ilegal y que eso no convierte automáticamente toda la demanda en federal. Como contexto, Florida recuerdó que maniobras similares en casos contra Meta, TikTok y Discord no funcionaron y terminaron devolviéndose a tribunales estatales.
Florida quiere que ChatGPT sea declarado como “perjuicio público”
Florida atribuye a OpenAI negligencia, negligencia grave, defectos de diseño, falta de advertencias y tergiversaciones fraudulentas. Por si no fuera suficiente, también de vulneraciones de protección del consumidor y la mencionada figura de perjuicio público. La Fiscalía asegura que ChatGPT ha podido contribuir a episodios de autolesión y violencia, cita casos criminales en los que los sospechosos utilizaron el chatbot durante la planificación y acusa a OpenAI de haber priorizado la velocidad de lanzamiento y el crecimiento comercial frente a la seguridad. OpenAI rechazó esa caracterización y afirmó que sus modelos intentaron dirigir a usuarios en situaciones de riesgo hacia ayuda real.
Florida también quiere prohibir permanentemente que OpenAI recopile determinados datos de menores de 13 años sin las garantías correspondientes. Es por ello que reclama multas civiles de hasta 10.000 dólares por cada infracción intencionada. Como contexto, a principios de este mes un tribunal estatal de Nuevo México determinó que las plataformas de Meta constituían un perjuicio público y ordenó a la compañía aportar 567 millones de dólares a un fondo destinado principalmente a afrontar daños relacionados con la salud mental juvenil. Esa cantidad se suma a los 375 millones de dólares que un jurado había impuesto anteriormente tras contabilizar 75.000 infracciones de la legislación de protección del consumidor, elevando la exposición total de Meta en ese caso a 942 millones de dólares. Meta ya anunció que recurrirá la multa.
Por eso el litigio de Florida puede tener consecuencias bastante mayores que una sanción aislada contra OpenAI. Una sentencia que aceptase que el diseño y funcionamiento de un chatbot de IA puede constituir un perjuicio público abriría una vía jurídica reutilizable por otros Estados para exigir no solo indemnizaciones, sino también modificaciones obligatorias del producto. A ello se le suma que una coalición de 42 fiscales generales estatales abrieron en junio una investigación sobre OpenAI y reclamó documentación relacionada con publicidad, retención de usuarios, tratamiento de datos personales y sanitarios, menores, personas mayores, políticas internas de seguridad e incluso el comportamiento excesivamente complaciente o sycophancy de los modelos. Será interesante saber si finalmente esta batalla se terminará librando ante un tribunal estatal de Florida o ante la justicia federal estadounidense.
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