El hub de IA que Google está construyendo en Visakhapatnam (Andhra Pradesh, India) junto a sus socios AdaniConneX y Airtel tiene una historia oficial y una historia real, y se diferencian en algo bastante concreto: la capacidad aprobada. La historia oficial, la del anuncio de octubre de 2025 con una inversión de 15.000 millones de dólares, decía que el proyecto tendría una capacidad de 1 gigavatio. Los papeles de aprobación ambiental del gobierno estatal de Andhra Pradesh, vistos por The Guardian, indican que la autorización es para 2,51 gigavatios —el doble—. Lo cubre hoy The Next Web.
2,51 GW equivale, según el propio Guardian, a la producción de dos grandes reactores nucleares y a más del 30% del consumo eléctrico anual de todo el estado de Andhra Pradesh. El estado dio la aprobación ambiental en nueve días, sin audiencia pública. Desde entonces, el Foro de Derechos Humanos ha presentado tres peticiones ante el Tribunal Nacional Verde de India y hay un caso paralelo ante el Tribunal Superior de Andhra Pradesh.
¿Qué está pasando en Tarluvada?
Tarluvada es uno de los pueblos donde se construye el proyecto. Según el reportaje de The Guardian desde el terreno, 520 familias tuvieron que devolver tierras que el gobierno les había entregado hace unos veinte años. Guardias de seguridad del Grupo Adani instalaron cercas en abril y bloquearon el acceso a parcelas que esas familias habían cultivado durante años.
Cuarenta y siete de esos agricultores, de casta Dalit, recibieron compensación por sus tierras. Varios dicen que todavía no han recibido las nuevas parcelas ni los empleos que se les prometieron. Uno de ellos, P. Venkat Rao, declaró al Guardian: «Soy agricultor; sin mi tierra no soy nada». Había recibido unos 40.000 dólares por su único acre, pero se quedó sin medio de vida.
El estado de Andhra Pradesh defiende que no hubo expropiación forzosa y que los pagos fueron adecuados. El Grupo Adani dice que todas las aprobaciones legales están en orden. Google dice que el proyecto utilizará refrigeración por aire, no agua, por lo que no afectará al suministro de agua local, y que creará miles de empleos en la región. El proyecto está, según el Guardian, a pocos metros de un bosque protegido, un embalse de agua potable y un santuario natural.
El valor total de los beneficios fiscales y las concesiones de terreno, energía y agua que el estado ofrece a Google se estima en 220.000 millones de rupias —unos 2.200 millones de dólares— a lo largo de veinte años.
Los centros de datos de IA de las grandes tecnológicas generan conflictos similares en Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos o Singapur: comunidades locales que ven llegar infraestructura que consume grandes cantidades de agua y energía, con promesas de empleo que a menudo no se materializan al nivel esperado. India añade una dimensión adicional: las comunidades afectadas son campesinos Dalit que perdieron tierras en el proceso, y el tramitado ambiental que normalmente protege esa voz duró nueve días.
La aprobación ambiental en nueve días: lo que eso implica
La velocidad del trámite ambiental en Andhra Pradesh —nueve días, sin audiencia pública— es quizás el elemento más revelador del proceso. En Europa o EE.UU., un proyecto de esta magnitud (dos grandes reactores nucleares equivalentes de consumo energético, a pocos metros de una reserva forestal y un santuario natural) habría necesitado evaluaciones de impacto ambiental de meses o años, con participación pública y posibilidad de impugnar la decisión.
El estado de Andhra Pradesh tiene incentivo claro para atraer la inversión de Google: el acuerdo incluye 2.200 millones de dólares en subsidios públicos durante veinte años. Los beneficios económicos estimados —empleos directos e indirectos, transferencia de tecnología— son el argumento del gobierno para justificar la rapidez.
El Foro de Derechos Humanos, que ha presentado las peticiones ante el Tribunal Nacional Verde, apunta a que la velocidad del trámite no permitió evaluar correctamente el impacto sobre el agua de la zona, sobre la biodiversidad del bosque protegido colindante y sobre las comunidades Dalit que perdieron sus tierras. Que esas peticiones no hayan resultado en una suspensión temporal del proyecto dice algo sobre el peso relativo que los intereses económicos y los medioambientales tienen en la tramitación.
El Grupo Adani, socio de Google en el proyecto, no es ajeno a la controversia. Desde el informe del inversor Hindenburg en 2023 que cuestionó sus prácticas contables —que el propio Adani refutó— la empresa ha estado bajo mayor escrutinio. Su papel como ejecutor de la adquisición de terrenos en Tarluvada —con guardias de seguridad instalando cercas y bloqueando el acceso a parcelas cultivadas— añade una dimensión reputacional al proyecto que ninguno de los comunicados de Google sobre empleos y refrigeración por aire aborda directamente.
La soberanía digital en Europa —donde el 75% de la capacidad de IA está en manos estadounidenses— es una preocupación paralela de política industrial: la India está en el polo opuesto, atrayendo esa inversión que Europa pierde. SpaceX adquirió datos de startups quebradas para entrenar Grok sin informar a los usuarios: el patrón de las grandes tecnológicas que obtienen lo que necesitan —datos o terreno— por la vía que resulte más rápida es el mismo aquí. Las campañas de influencia de Irán y China con IA autónomas recuerdan por qué los países se pelean por tener infraestructura de IA propia: India quiere ser un hub, no un objetivo.
Google construirá su hub. La pregunta es si lo que promete —empleos, cero impacto en el agua local, cero impacto en la comunidad— llega a los vecinos de Tarluvada con la misma velocidad con que llegaron las cercas de Adani.
El caso de Andhra Pradesh va a ser referencia en el debate global sobre la huella física de la infraestructura de IA. Los centros de datos necesitan tierra, energía y agua. Cuando esos recursos escasean o están en disputa, la transición tecnológica tiene un coste humano que no aparece en los comunicados de prensa sobre empleos y sostenibilidad.
