La Guardia Civil ha invertido más de dos millones de euros en la adquisición de un sistema tecnológico especializado en la intervención remota de teléfonos celulares bajo indagatoria, operando en plataformas Android e iOS sin necesidad de asegurar físicamente los equipos. Los detalles del convenio quedaron al descubierto a través del Boletín Oficial del Estado, especificando una serie de capacidades técnicas orientadas a la extracción invisible de datos y comunicaciones.
ANTECEDENTES DE LA ADQUISICIÓN
El acuerdo comercial quedó formalizado el pasado 26 de marzo de 2026 y recayó en la compañía Fortier Europe, establecida en Boadilla del Monte, Madrid. El costo total ascendió a 2,066,115.70 euros antes de impuestos, cifra que se eleva a aproximadamente 2.5 millones de euros ya con el IVA incluido.
Cabe destacar que la transacción se llevó a cabo mediante un procedimiento negociado sin publicidad y se presentó una única propuesta. Esta situación se debió a que el fabricante otorgó los derechos exclusivos de distribución y suministro directamente a la empresa mencionada. Pese a la revelación de la compra, la documentación oficial omite la identidad del fabricante original, las especificaciones técnicas profundas y el método de instalación del software en los terminales.
MARCO LEGAL Y LIMITACIONES
Contar con este recurso tecnológico no faculta a los agentes para intervenir aparatos de manera arbitraria. La legislación española vigente, específicamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estipula que este tipo de registros telemáticos exigen obligatoriamente una orden de un juez.
Dicha autorización judicial se limita exclusivamente a investigaciones relacionadas con delitos graves, tales como actividades perpetradas por organizaciones criminales, actos de terrorismo, agresiones contra menores o personas con capacidad modificada, delitos contra la Constitución y la defensa nacional, así como ilícitos cometidos por medio de tecnologías de la información.
La resolución del juez debe delimitar con precisión cuáles equipos serán intervenidos, la forma en que se obtendrán y confiscarán los datos, los agentes facultados para ejecutar la acción y los mecanismos para salvaguardar la integridad de la información. Además, la medida tiene una vigencia inicial máxima de 30 días, la cual puede extenderse por lapsos iguales hasta acumular un límite de tres meses.
PERFIL DEL PROVEEDOR
La empresa beneficiada con el contrato, Fortier Europe, inició operaciones en marzo de 2011 y mantiene una relación comercial constante con el Ministerio del Interior. Los registros públicos documentan al menos 13 adjudicaciones previas que superan los 15.6 millones de euros sin IVA.
Dentro de los convenios recientes otorgados a esta compañía figuran un equipo portátil para rastreo y extracción de información en dispositivos móviles por un monto de 743,802 euros, así como sistemas de rastreo GPS y captura de audio valuados en 495,570 euros. Asimismo, los archivos oficiales registran antecedentes de proveeduría para la Guardia Civil, incluyendo un contrato de mantenimiento suscrito en 2020 para la plataforma denominada EGOBOX.
Por: Redacción de Noticia Digital (NoticiaDigital.com.mx)
